Los vigilantes de prisiones activarían el dispositivo para que detecten su ubicación

Interior estudia que los funcionarios lleven alarmas para prevenir motines
Los vigilantes de prisiones activarían el dispositivo para que detecten su ubicación.

Instituciones Penitenciarias estudia desde hace meses la posibilidad de instalar un sistema de alarma para localizar a los funcionarios de las cárceles y prevenir situaciones como la que se vivió durante 12 horas en la madrugada del miércoles en Picassent. Según confirmaron desde el departamento que depende del Ministerio del Interior "actualmente se estudia la viabilidad de este sistema y las ventajas o inconvenientes de su posible instalación en las penitenciarías".

Fuentes del departamento explicaron que esta medida consistiría en un pequeño dispositivo que llevarían siempre los funcionarios. Al menor problema o riesgo para su integridad activarían el conocido como "botón del pánico".

Desde un puesto de mando central se localizaría la situación del trabajador en las instalaciones y se podría acudir más rápidamente y con medios para atajar el problema.

Instituciones Penitenciarias baraja esta propuesta -de una empresa especializada en alta seguridad- que ya se emplea en otras penitenciarías, como por ejemplo las de Estados Unidos, aunque las cárceles americanas superan ampliamente en tamaño a las españolas.

Desde el órgano gubernamental explicaron que esta decisión nunca se implantaría "sin el correspondiente beneplácito de los trabajadores, que son los que llevarían el localizador". Además, no hay que olvidar que el dispositivo tiene como objetivo incrementar la seguridad de los propios funcionarios.

Críticas de los sindicatos Las reacciones de los sindicatos de prisiones -la mayoría críticas- siguen sucediéndose tras el secuestro de tres compañeros el pasado martes, situación que se prolongó hasta las seis de la madrugada del miércoles. Desde el sindicato CSI-CSIF insistían en mostrar su perplejidad ante la intervención en la mediación de un preso -una "institución" dentro de la cárcel con multitud de condenas-. "Nunca se había visto nada igual", apuntaron. Fuentes cercanas a la negociación argumentaron que no todas las actuaciones que se llevan a cabo en una situación de este tipo "se encuentran escritas en un manual". Además, recordaron que las decisiones que se adoptaron tenían un único fin: salvaguardar la integridad física de los funcionarios de prisiones.

De hecho, a lo largo de las interminables horas de negociación se exigió en repetidas ocasiones que personas de la negociación comprobaron que los tres retenidos se encontraban en buen estado. Esto permitió mantener abierta la puerta del diálogo para poner fin al secuestro.

La intervención armada en casos de este tipo siempre es el último recurso porque puede terminar con víctimas mortales tanto de funcionarios como de presos. Pese a todo, el plan de las fuerzas de élite de la Guardia Civil estaba listo y hubo un momento, alrededor de las cinco de la mañana, en que la acción parecía inminente.

Instituciones Penitenciarias ya anunció que había abierto una investigación interna para aclarar las causas del incidente. Para elaborar un informe al respecto se tendrá en cuenta tanto la declaración de los funcionarios secuestrados como del resto de internos del módulo de aislamiento, más de una veintena de presos, que no participaron en la sublevación.

Precisamente, uno de los encargados de realizar esta investigación -Instituciones Penitenciarias dispone de varios equipos para este cometido- se encontraba la tarde del martes en el centro valenciano porque había acudido a realizar una revisión rutinaria. En los próximos días se sumarán otros especialistas, según confirmaron desde el órgano gubernamental.

Las pesquisas tratarán de aclarar un hecho fundamental en este suceso: cómo los presos disponían en un módulo de aislamiento de pinchos, un destornillador y unas tijeras, instrumentos con los que amedrentaron a los tres trabajadores.

El sindicato de prisiones Acaip remitió ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dos cartas en las que pide el cese de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, así como del equipo directivo de la cárcel de Picassent por la "nefasta gestión" del motín. Además, criticaron las declaraciones del subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, en las que dijo que no había funcionarios heridos.Para la asociación la situación que se produjo con el secuestro es consecuencia de la mala dirección de los responsables penitenciarios. Este sindicato culpa a los responsables de que los incidentes en la cárcel hayan aumentado en los últimos años. Al día siguiente del motín se produjeron tres reyertas en la prisión. No obstante, estos incidentes suelen ser habituales y más después de la tensa situación de la madrugada del miércoles. El sindicato ugt relató ayer otro nuevo incidente sin consecuencias entre un recluso y un subdirector de seguridad del centro que se produjo durante un cacheo del interno.

Fuente: Las Provincias