¿FUERON PCTV Y ANV PARTE DEL PRECIO POLÍTICO DE LA NEGOCIACION?

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La demostración más flagrante de que el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) era y es la prolongación de Batasuna en el Parlamento de Vitoria, la encontramos en la manera grosera en la que el partido ilegalizado dirigió el debate de investidura de Ibarretxe, celebrado en junio de 2005. A través del teléfono móvil, los escaños del PCTV estuvieron conectados de forma permanente con el exterior, desde donde recibían instrucciones de los dirigentes de Batasuna a través de mensajes.
No podía encontrarse mejor episodio para dar cuerpo a la metáfora: los parlamentarios moviéndose y hablando en la tribuna de la Cámara como muñecos de guiñol, al antojo de las manos que los controlan. En las votaciones finales, dos de los nueve diputados del PCTV votaron de esa forma teledirigida a favor de Juan José Ibarretxe, reuniendo así éste los apoyos justos que necesitaba para ser elegido presidente. Vaya forma más infame de ser lehendakari, cabría decir -ahora con plenos motivos- a la vista de los SMS, en los que los batasunos le identifican como Spock, en alusión al personaje de la famosa serie de televisión Star Trek.
Pero lo grave es que ésas y otras pruebas las tenía el Gobierno de Zapatero desde el mismo 2005 y no hizo nada para ilegalizar al PCTV. Es más: según el último informe que la Policía ha entregado al juez Garzón, los agentes habían reunido material suficiente para probar la conexión de esa formación con Batasuna antes incluso de las elecciones autonómicas, celebradas en abril de 2005, y también habían constatado la vinculación de ANV con Batasuna antes de las municipales de mayo pasado. ¿Por qué no actuó el Ejecutivo entonces contra los herederos del brazo político de ETA? ¿Por qué el juez Garzón, que ahora parece decidido a ponderar estas informaciones, no dio instrucciones concretas de que se investigara el entramado hasta después de rota la tregua?
Quizás las respuestas habría que buscarlas en las expectativas depositadas por el Gobierno en el diálogo con la banda terrorista. Si ello fuera así, el precio político de la negociación le habría costado al Estado y a los demócratas que el PCTV tenga grupo parlamentario en la Cámara vasca y que ANV disponga de más de 400 concejales en el País Vasco y Navarra. A lo que habría que añadir la instrumentalización de la ley por parte del Ejecutivo para utilizarla a conveniencia de sus intereses electorales. Es decir, como gráficamente expresó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se ha actuado en el momento en el que «la jugada lo aconseja».

Fuente: EL MUNDO