A riesgo de ser considerados «antipatriotas» por cuestionar la efectividad de las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la desaceleración económica -Zapatero reiteró el apelativo en su comparecencia en 59 segundos-, tenemos que advertir de que los ciudadanos no tienen garantizada la gratuidad del alargamiento de los plazos de sus hipotecas. El Consejo de Ministros, en su reunión del 18 de abril en el que se aprobó el plan de medidas económicas, aseguraba que «las familias podrán alargar los plazos de amortización de su crédito hipotecario sin coste alguno durante los próximos dos años». Pues bien, en el acuerdo firmado ayer por los ministros Solbes y Bermejo con la banca se descubrió que las cosas no son fan fáciles como las pintaba el Gobierno. Según el acuerdo, será el banco o la caja de turno la que decida si amplía o no la hipoteca a sus clientes. Y aún hay más. En contra del compromiso adquirido por el presidente en su debate de investidura, tampoco el Ejecutivo se hará cargo de la ampliación de los plazos de hipotecas para aquellas familias con dificultades. Ya dijimos en estas páginas que las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar la gravedad de la situación económica pecaban de voluntarismo y que no eran eficaces para remediar la enfermedad. Lo que no sabíamos es que además algunos de los compromisos ni siquiera se iban a poder cumplir.
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