UNA HISTORICA SENTENCIA QUE OBLIGA A CATALUÑA A CAMBIAR DE RUMBO

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La Generalitat de Cataluña deberá ofrecer a los padres el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, según una histórica sentencia del Tribunal Supremo.
El fallo, que desestima un recurso de la Generalitat contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, exige a las autoridades que los centros escolares incluyan a partir de ahora en los impresos oficiales de preinscripción la pregunta expresa sobre cuál es «la lengua habitual» de sus hijos en la que deben ser escolarizados.
La Generalitat de Cataluña se había negado a que los padres pudieran elegir el castellano como lengua vehicular, a pesar de que había al menos tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instaban a garantizar ese derecho.
El fallo del Supremo recuerda que la ley de Política Lingüística, aprobada por el Parlamento de Cataluña en 1998, establece en su artículo 21.2 que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza (hasta los ocho años) en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano».
A pesar de la claridad y la concreción de este mandato legal, la Generalitat ha negado hasta la fecha a los padres el derecho de educar a sus hijos en castellano con una serie de pretextos y argumentos que han convertido la ley en papel mojado. En su fallo, el Supremo subraya que la Generalitat tiene no solamente la obligación de ofrecer esos formularios para que los padres elijan sino que además debe velar «para que los derechos que contempla la ley no sean meramente teóricos o ilusorios sino reales y efectivos». Dicho con otras palabras, la Generalitat tiene que garantizar que ese derecho a elegir se pueda materializar y no se limite a una mera posibilidad abstracta.
Para despejar cualquier duda, la sentencia del Supremo dice que «los poderes públicos tienen el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud». La Generalitat ha hecho todo lo contrario; ha sembrado de obstáculos el cumplimiento de ese derecho que la ley reconoce. Y para ello se ha refugiado en el pretexto que es a ella y sólo a ella a quien le corresponde regular el ejercicio de ese derecho a elegir idioma en la enseñanza.
Los nacionalistas nunca han disimulado su abierta y frontal negativa a cumplir con lo que la ley establece. Hay en las hemerotecas decenas de frases de Carod-Rovira, Bargallo, Puigcercos y otros dirigentes de ERC, defendiendo la obligatoriedad de la enseñanza vehicular en catalán. Pero esta posición es también compartida por amplios sectores del PSC y CiU. Sin ir más lejos, en un foro de EL MUNDO, en febrero de 2006, Artur Mas llegó a decir que su partido jamás permitiría que en los colegios públicos catalanes se enseñara en español. «Que se monte un colegio privado en castellano quien lo quiera pagar, como se montó en japonés», apostilló.
Artur Mas y otros nacionalistas han utilizado el argumento de que permitir que los niños estudiaran en castellano sería contribuir a su exclusión social, un sofisma que no resiste el mínimo análisis ya que hay comunidades como Valencia y el País Vasco donde los padres pueden elegir.
Esta era precisamente la reivindicación del nacionalismo catalán, que hace 30 años pedía la equiparación con el castellano. Ahora ha pasado a perseguirlo y a multar a quien lo utiliza.
La Generalitat se apresuró anoche a anunciar que incluirá la pregunta en el formulario, pero que no cambiará para nada el modelo educativo. Ello supone una meridiana intención de desobedecer el espíritu de este fallo del Supremo. Si la Generalitat se sigue negando a ofrecer la escolarización en castellano, el Alto Tribunal tendrá que volver a pronunciarse y hacerlo para que se aplique la ley y se respeten los derechos de todos los ciudadanos.

EL MUNDO_____________________________