EL MINISTROIDE "ZAR CHAVO" COMIENZA A SER UN PROBLEMA PARA ZAPATERO

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MANUEL CHAVES está obligado a explicar en todos sus extremos la subvención de 10,1 millones de euros que concedió a la empresa en la que trabaja su hija. Una ayuda que firmó él mismo contraviniendo la Ley de Incompatibilidades de Andalucía y después de haber modificado la normativa que impedía hasta ese momento conceder apoyo económico a una planta de transformación de minerales.
Dos días después de que EL MUNDO destapase este nepotismo de libro que roza la prevaricación, el vicepresidente tercero del Gobierno no ha ofrecido aún un solo argumento que ayude a despejar la pesada sombra de sospecha que rodea el caso. Empecinarse en negar la evidencia asegurando que la información es «falsa» y fruto del «resentimiento» es una estratagema inútil que no va a librarle de afrontar su responsabilidad ante la opinión pública.
La vieja estrategia del calamar le dio buenos resultados en su larga etapa al frente de la Junta, cuando tenía en sus manos todos los resortes del poder y podía arremeter contra los pocos medios de comunicación independientes que aún resisten en Andalucía. Sólo así se explica que el escandaloso esquema según el cual él aprobaba los presupuestos autonómicos, uno de sus hermanos los ejecutaba en parte y un tercero se beneficiaba de ellos, no le haya pasado factura política.
Pero ahora Chaves es vicepresidente del Gobierno de España, donde resultan intolerables esas prácticas endogámicas que, lamentablemente, se han convertido en habituales en los círculos de poder de muchas comunidades autónomas.
Ayer, un día después de que Rajoy pidiera la comparecencia ante las Cortes del ex presidente de la Junta para explicar su caso, tanto el PP como IU solicitaron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, prueba de que no estamos ante una confrontación más entre los dos eternos adversarios políticos sino ante un episodio que, por apuntar la existencia de posibles graves irregularidades, ha puesto de acuerdo a partidos ideológicamente antagónicos. El hecho de que la Cámara autonómica no haya permitido la apertura de comisiones de investigación en casi tres lustros indica la ínfima altura del listón democrático impuesto por Manuel Chaves en estos años. Es de esperar que su sucesor en el cargo no caiga en el mismo error y no eche en saco roto las peticiones de la oposición andaluza.
Si el caso de la millonaria subvención no fuera tan grave moverían a hilaridad las declaraciones de los escuderos de Chaves. El miércoles era el consejero de Innovación, Martín Soler, quien se descolgaba con un torpe e incriminatorio «todo padre quiere lo mejor para su hijo». Ayer, fue el consejero de Gobernación y número dos del PSOE andaluz, Luis Pizarro, el que conminaba al PP a no mezclar en el debate político las «cosas de familias» porque «donde las dan las toman». Esta amenaza, tan propia de esas etapas pasadas del PSOE que Chaves encarna, evidencian un dramática pobreza de argumentos y permiten calibrar la difícil situación en la que se halla el hoy vicepresidente.
Rajoy ha advertido que no consentirá que el «mero transcurso del tiempo» haga caer este asunto en el olvido. Además de IU de Andalucía, es más que probable que otros grupos se sumen a los populares en el Congreso para pedir el esclarecimiento de los hechos. Quien estaba llamado por Zapatero a solucionar el difícil rompecabezas de la financiación autonómica ha acabado muy pronto convirtiéndose en un serio problema para el Gobierno. La pelota está en el tejado de La Moncloa.

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