RUCALCABA DA LARGAS EN EL CONGRESO A VARIAS DE LAS PREGUNTAS DEL PP SOBRE EL CASO:

Queda para las hemerotecas que el Gobierno niega que ordenó el chivatazo

EL GOBIERNO, en una respuesta por escrito al Parlamento, asegura que «no» ordenó el chivatazo a ETA. Utiliza además ese monosílabo en mayúsculas, para resultar más concluyente.

La aseveración queda para las hemerotecas, como quedó aquella otra famosa de Felipe González de «no hay pruebas ni las habrá» a una pregunta sobre los GAL, lo cual no quiere decir ni que lo ocurrido sea equivalente ni que el resultado vaya a ser el mismo en este caso.

Rubalcaba, como responsable de Interior, y Gómez Benítez, en cuanto que identificado como el interlocutor «número 4» con ETA, perdieron ayer la ocasión de responder al contenido de las actas de la banda desvelado por EL MUNDO, que indica que el chivatazo se gestionó al más alto nivel político para favorecer el diálogo.

El Ejecutivo ha venido contestando con burdas evasivas a muchas de las cuestiones que el PP le ha planteado sobre el caso y así ha sucedido también con la última batería de 25 preguntas parlamentarias, que responde en apenas folio y medio.

El Gobierno escurre el bulto argumentando que las decisiones sobre la investigación son competencia del juez, pero no es menos cierto que algunas iniciativas corresponden al ámbito policial y al Ministerio Público, que sí controla.

Esa cautela oficial fue ayer rechazada no sólo por partidos como el PP -que ha pedido la comparecencia urgente de Rubalcaba en el Congreso- y UPyD, sino por sindicatos de la Policía y la Guardia Civil que censuran el «silencio» del Gobierno
LUCHA ANTITERRORISTA / La traición policial
El Gobierno dice al Congreso que 'NO' ordenó el chivatazo

Por escrito, y con mayúsculas, con firma y membrete oficial, y en sede parlamentaria, el Gobierno ha negado al PP haber autorizado el chivatazo a ETA en plena negociación con la banda terrorista. Así lo hizo ayer al contestar, con una semana de retraso sobre el plazo estipulado por el Congreso, y en apenas un folio y medio, a las 25 preguntas formuladas el pasado 4 de noviembre por el principal partido de la oposición.

Con un rotundo «NO», destacado en versales, el Ejecutivo contestaba a la última de estas cuestiones, sobre «si ha existido alguna instrucción política en el asunto del chivatazo». La contundente respuesta, entregada ayer por el Registro de la Cámara, venía fechada el pasado día 23; o sea, cuatro días antes de que EL MUNDO desvelara que, según las actas de los propios etarras, uno de los negociadores del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero esgrimió el referido chivatazo como una prueba de su compromiso en favor del proceso.

Una información que sirvió ayer a la portavoz popular del Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, para registrar una petición de comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

«La información desmiente sus respuestas y exige, como mínimo, una respuesta distinta», argumentaba ayer la portavoz a este diario. La solicitud, que se une a la ya formulada sobre el mismo asunto el pasado 6 de octubre, pretende que el ministro «explique el grado de vinculación del Gobierno con la denominada operación Faisán, a raíz de las informaciones conocidas recientemente a través de los medios de comunicación».

Hasta ahora, sólo el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, han dado explicaciones en sede parlamentaria. Aunque «echaron balones fuera», en palabras de Sáenz de Santamaría, lo cierto es que ambos atendieron a la petición popular de octubre, mientras que Rubalcaba sólo ha contestado, «cada vez más nervioso», a la batería de preguntas de control a la que el Grupo le ha sometido, a razón de 10 en los dos últimos meses.

A la contundencia del Gobierno en su negativa a admitir responsabilidades políticas en el caso Faisán, se suma la táctica de escudarse en las decisiones del juez Garzón para no pronunciarse sobre ninguna de las cuestiones formuladas por el PP en torno a su propia actuación y a las presuntas órdenes dadas a los funcionarios implicados en el caso.

Así, sobre los detalles operativos desplegados por Interior en torno al bar Faisán -sobre los que versaban las seis primeras preguntas del PP, firmadas por Ignacio Cosidó- el Gobierno constriñe la labor de sus agentes a la de Policía Judicial, que «ejecuta las órdenes recibidas de jueces y fiscales». Sin embargo, según Sáenz de Santamaría, «no fueron los jueces sino Interior quien determinó la autoorganización del operativo».

Sobre las grabaciones que implican a los responsables de Interior, el Ministerio hace lo propio, al remitirse a «las investigaciones judiciales que se están realizando en la Audiencia Nacional». Y ello, pese a que lo que demandaba el PP era conocer las medidas para evitar más casos.

Cuestión aparte merece el capítulo de las condecoraciones, que Rubalcaba despacha afirmando que «no las concede el ministro, sino la Junta de Gobierno de la Policía», sin aclarar, por tanto, por qué se premió en 2006 a uno de los policías implicados por méritos justificados en 2008. En ésta, como en el resto de las cuestiones, el Ejecutivo se remite también a sus propias contestaciones orales en las referidas sesiones de control, lo que le permite decir a Sáenz de Santamaría que Rubalcaba «se ratifica en una mentira».

Sobre las denuncias recibidas de sindicatos y asociaciones policiales, el Gobierno se limita a decir que «no hace valoraciones de opiniones y declaraciones» ni de ellos «ni de profesionales particulares». En cuanto a la actuación de la Fiscalía en el caso Faisán, el ministro se remite a la comparecencia de Caamaño y vuelve a argumentar que «la Fiscalía hace su trabajo, los jueces determinan y el Gobierno acata sus decisiones».

Especialmente elusiva resulta la cuestión de la polémica decisión de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega de no contestar en el Congreso sobre este caso. Así se despacha: «Al respecto del apoyo del Gobierno a la gestión del Ministerio del Interior, la respuesta es sí».

Tras recibir las respuestas del Ejecutivo, Sáenz de Santamaría sentenció: «Rubalcaba quiere imponer la ley del silencio en el caso Faisán. Contestando de esta manera a las preguntas de la oposición, demuestra un oscurantismo y una llamativa manera de eludir responsabilidades que contradicen lo ya publicado».

Preguntado ayer sobre el particular, el propio ministro replicó a este diario: «Lo he comentado docenas de veces. Éste es un tema sometido a una investigación judicial y lo que manda el Estado de Derecho es dejar trabajar a los jueces. Soy muy poco partidario de comentar los comunicados de ETA, y estas cosas [en referencia a las actas de ETA], mucho menos. Allá quien quiera darles credibilidad y jugar con ellas».

Desde el propio PP, el vicesecretario y presidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, afirmó que este asunto «tumbaría» a cualquier gobierno democrático en la Unión Europea, y pidió una investigación al efecto «dentro» del Consejo General del Poder Judicial

LUCHA ANTITERRORISTA / La traición policial
«Muestra de talante en la negociación»

La asociación profesional Unión de Oficiales Guardia Civil (UO) espera que las actas de los contactos de ETA con el Gobierno durante la tregua determinen nuevas responsabilidades del Ejecutivo en relación con el 'caso Faisán'.

La UO emitió ayer un comunicado, tras la información publicada por EL MUNDO, en el que muestra su «profundo malestar» e interpreta que «el Gobierno utilizó el chivatazo en sus negociaciones con ETA como muestra de su compromiso y talante».

La información «vendría a demostrar», señala el comunicado, «que tras uno de los capítulos más vergonzosos de la lucha contra el terrorismo se esconderían oscuras motivaciones e intereses políticos».

Entiende la UO que su presencia en el proceso, que se encuentra actualmente recurrida «por las trabas del juez Garzón», es «necesaria» porque actúa como «firme defensora de las garantías de un procedimiento judicial que está sacando a relucir una oscura trama de intereses ocultos».

Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Confederación Española de la Policía (CEP), solicitaron ayer al Gobierno que explique cuanto antes y con claridad todo el caso que, según la CEP, va camino de convertirse en «una losa enorme para la espalda de Zapatero».

EL MUNDO y epsimo
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LAS PREGUNTAS DEL PP

1. ¿Por qué el comisario general de Información tardó tres días en informar del chivatazo al juez que estaba investigando al aparato de extorsión de ETA?

2. ¿Por qué se retiró a la Guardia Civil de la investigación?

3. ¿Por qué Interior relevó de su puesto al jefe español del equipo conjunto de investigación del caso Faisán?

4. ¿Qué motivos hubo para dejar una investigación tan significada en manos de otro funcionario policial de rango inferior al anterior?

5. ¿Por qué la investigación fue llevada a cabo por los mismos funcionarios que intervinieron en la previa sobre la trama de extorsión de ETA, que dio lugar al chivatazo?

6. El fiscal en sus conclusiones manifiesta que, conforme a lo resaltado por Joseba Imanol Elosúa, la persona que avisa a éste de que estaba siendo vigilado conocía datos reservados de la investigación. ¿Por qué una vez conocidos estos datos no se retiró de la investigación a estos investigadores?

7. ¿Por qué se condecoró al policía que asumió en segundo lugar la investigación?

8. ¿Por qué el ministro del Interior quiso hacer creer a la Cámara que se había condecorado al responsable de la investigación del caso Faisán por la investigación de un delito cometido en 2008?

9. ¿Dejó o no de funcionar, en algún momento, la cámara de vigilancia del bar Faisán?

10. ¿Quién o quiénes han sido los encargados de la custodia de las grabaciones de las cámaras de vigilancia del bar Faisán?

11. ¿Cómo se explica que las cintas hayan sido manipuladas, precisamente en el momento en que se puede identificar a la persona que da el chivatazo al dueño del bar Faisán?

12. ¿Cómo se explica que hasta tres años después no se haya tenido noticia de la manipulación?

13. ¿Qué medidas ha tomado Interior ante la manipulación?

14. ¿Se han agotado todos los medios técnicos audiovisuales para la investigación?

15. ¿Piensa el Ministerio respetar el criterio de los sindicatos, que reclaman que se siga investigando?

16. ¿Por qué ha tenido el SUP que pedir la creación de un equipo de investigación de la Guardia Civil que cuente con todo el apoyo judicial y político para esclarecer el caso?

17. ¿Qué valoración hace Interior de la declaración de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil de que el chivatazo se hizo por «mandato político»?

18. ¿Se ha abierto alguna investigación interna en Interior además de las judiciales? ¿Ha tomado Interior alguna medida disciplinaria contra los policías que fueron en su día imputados?

19. ¿Qué valoración hace Interior de la carta abierta a la prensa del investigador jefe de Policía que investigó el chivatazo a ETA? ¿Comparte su criterio de que se siga investigando?

20. ¿Puede el Gobierno afirmar que no ha dado ninguna instrucción a la Fiscalía para que solicite el archivo del caso Faisán, a pesar de los precedentes de intromisión gubernamental en las decisiones del fiscal general del Estado?

21. ¿Cómo valora el Gobierno la petición de la Fiscalía de archivar el caso sin que haya sido resuelto?

22. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de los motivos reales por los que se solicitó el archivo de la causa?

23. ¿Comparten todos los miembros del Gobierno la gestión llevada a cabo por Interior en este caso?

24. Ante la negativa de la vicepresidenta de dar explicaciones por el caso Faisán en el Congreso, siendo como es la responsable de la coordinación política del Ejecutivo, ¿apoya la vicepresidenta la gestión de Interior?

25. ¿Ha habido alguna instrucción política en el asunto del chivatazo a la banda terrorista ETA?

LUCHA ANTITERRORISTA / El control parlamentario / LAS CONTESTACIONES DEL GOBIERNO
«La respuesta es NO»
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