El Gobierno dará un cheque de unos 500 euros a cada funcionario en vísperas de las generales

Martes 2 de marzo. Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El portavoz del PP en la citada comisión, Miguel Barrachina, provoca a la vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Función Pública, María Teresa Fernández de la Vega, con esta acusación: «Dentro del primer trimestre de 2012 -precampaña y campaña de las próximas elecciones generales- los tres millones de empleados públicos percibirán el importe correspondiente a la desviación de 2010 y 2011. Esto quiere decir que durante la próxima campaña electoral de Zapatero habrá un cheque electoral que me gustaría que usted desmintiese». Silencio de la vicepresidenta, que en su réplica esquivó este espinoso asunto. Barrachina había puesto el dedo en la llaga, en la del punto 47 del acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos en septiembre de 2009.
Silencio de De la Vega
El mutismo de Fernández de la Vega confirmaba el temor del diputado popular, que le lanzó este anzuelo a la vicepresidenta para que mordiera en unas cifras que él ya tenía sobre la mesa, pero que el diputado del PP no quiso desvelar. Estas cifras, a las que ha tenido acceso ABC, indican que los tres millones de funcionarios de la Administración General del Estado recibirán un cheque de unos 500 euros, «dentro del primer trimestre de 2012, correspondiente a la desviación que, en su caso se hubiera producido, entre los incrementos establecidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y 2011 y la inflación efectiva en esos años». En total, 1.452.865.273 euros a repartir de golpe, algo insólito, ya que sólo una vez en la historia democrática de España se ha pagado a los funcionarios la pérdida de poder adquisitivo, y menos de forma acumulada, ya que esto sólo se hace con los pensionistas.
¿De dónde salen estas cifras? El diputado popular lo explica claramente: «Si el IPC, según Funcas, se sitúa este año en el 1,5 por ciento, y la subida de los funcionarios ha sido del 0,3 por ciento, la pérdida de poder adquisitivo será del 1,3 por ciento». Ello supondría que el importe que tendría que pagar el Gobierno correspondiente a 2010 ascendería a 236,6 euros por cada uno de los tres millones de funcionarios. La factura total de 2010, a pagar en 2012, sería de 725.344.620 euros.
En el caso del año siguiente, el 2011, el diputado popular subraya que, teniendo en cuenta que la masa salarial aumentará un 0,3 por ciento, el importe del cheque de este año sería de unos 237 euros, y el montante total de 727.520.654.
Por lo tanto, de la suma de los 236 euros por cada funcionario en 2010, y de los 237 en 2011, sale el «cheque electoral» al que se refiere el PP de 473 euros que hay que pagar en 2012 por cada uno de los tres millones de funcionarios. Igualmente, la suma de los 725 millones de 2010 y 727 en 2011, hace que el desembolso que tenga que hacer el Gobierno nada más empezar el año de las elecciones sea de 1.452 millones de euros.
Pero hay más, al ya cheque de 500 euros podría sumarse una subida salarial de entre un cinco y un seis por ciento. Así lo explica Barrachina, «posiblemente en 2011 se suba muy poco el sueldo de los funcionarios para poder cumplir el compromiso de reducir en un cuatro por ciento el gasto de personal en la Administración, y el subidón es previsible que se haga en 2012».
Desde el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados no se oculta lo que consideran un «uso electoral del dinero y de los recursos de los ciudadanos», como así lo señala Barrachina a ABC. «La maldad es evidente -añade-, pero los empleados públicos españoles no se van a dejar comprar. Que el Gobierno considere que con un talón de 500 euros durante la campaña electoral para cada uno de los tres millones de funcionarios va a cambiar el voto, es una ingenuidad».
A pesar de no haber recibido ninguna explicación de la vicepresidenta en el Congreso, Barrachina reconoce que «me gustaría que me desmintiera si con este cheque electoral se quiere comprar la voluntad de los españoles». Además, se pregunta «como van a encuadrar este gasto en el Plan de Austeridad que el Gobierno ha enviado a la Unión Europea». abc.es

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