El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad

EL COMUNICADO de ayer del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo puede interpretarse como un doble reproche al Gobierno por la actitud que está manteniendo con los jueces Garzón y Velasco. De un lado, Zapatero alabó el pasado domingo a Garzón, con tres causas pendientes en el Tribunal Supremo, por su «valentía» contra ETA. De otro, el Ejecutivo había guardado hasta la tibia reacción de ayer de Moratinos un indigno silencio frente a los ataques del régimen de Hugo Chávez contra el juez Velasco.
El CGPJ sale al paso de las declaraciones del presidente del Gobierno en ese comunicado en el que subraya sin citarle que sus palabras han suscitado «un inmerecido efecto deslegitimador» sobre los jueces del Supremo que actúan contra Garzón.
La valoración del CGPJ nos parece acertada y oportuna porque lo que ha hecho Zapatero es defender a quien no se lo merecía y, en cambio, ha dado muestras de una inquietante debilidad cuando Hugo Chávez y sus colaboradores han puesto en cuestión la independencia de un juez de la Audiencia Nacional.
Peor todavía, las palabras de Zapatero suenan a un intento de «influir» al Supremo -esa es la expresión del CGPJ- sobre Garzón en unos momentos en los que tiene tres procesos abiertos por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, entre otros, y coincidiendo con una desaforada campaña mediática contra los magistrados del Alto Tribunal. En este contexto, el comunicado de ayer del CGPJ nos parece irreprochable, al igual que lo fue su decisión de abrir un procedimiento para suspender cautelarmente a Garzón del ejercicio de sus funciones, como exige la ley.
La responsabilidad que se le plantea ahora al CGPJ es ser coherente con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia doctrina del Supremo, lo cual conllevaría una inmediata suspensión de Garzón.
El artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que la suspensión de un juez se debe producir «cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Pues bien, el Supremo ha admitido tres querellas contra Garzón por ese tipo de delitos.
El CGPJ acordó en 2008 suspender al juez Ferrín Calamita de sus funciones al admitir el Tribunal Superior de Murcia una querella contra él. El Supremo ha avalado esa decisión en una sentencia en la que razona que un juez que tiene pendiente una causa penal por un delito en el ejercicio de sus funciones debe ser apartado inmediatamente para «evitar graves daños a la Administración de Justicia o quebrantar de manera importante la confianza social».
Si esta argumentación valía para Ferrín, debería también valer para Garzón, que tiene no una sino tres causas abiertas, de mayor gravedad y además por el Supremo. Un juez que se enfrenta a estas imputaciones no puede seguir instruyendo casos como los que tiene entre manos Garzón.
La suspensión cautelar pasa por resolver de forma previa las tres recusaciones solicitadas por Garzón en su escrito de defensa, que sólo pueden ser calificadas de artificiales y fraudulentas, planteadas con el único propósito de ganar tiempo, pues carecen de toda base objetiva.
Resuelto el asunto de las recusaciones y so pena de dar la impresión de que cede ante la presión de la campaña orquestada por Garzón, el Consejo debe pronunciarse sobre si procede o no la suspensión. Estamos convencidos de que lo lógico sería suspenderle ya, pero si el órgano de gobierno del Poder Judicial entiende lo contrario será muy interesante conocer las motivaciones por las que se trata al juez de la Audiencia con un rasero diferente que el empleado con Ferrín

epsimo y el MUNDO
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