GARZÓN LUCHÓ CONTRA ETA PERO TAMBIÉN A FAVOR

LA DECISIÓN del Gobierno de salir a respaldar a Garzón ante la amenaza cierta de que pueda ser apartado de la carrera judicial se entiende hoy mucho mejor gracias a la información que publicamos en nuestras páginas. A bote pronto, sorprende que el Ejecutivo dé la cara por un juez con tres querellas admitidas en el Tribunal Supremo por otros tantos presuntos delitos, cada uno de distinta naturaleza.
Ayer mismo el presidente Zapatero alabó la «valentía» del magistrado por su labor en la lucha contra ETA y ensalzó su «trayectoria», que dijo, tiene «siempre presente». También el presidente del Congreso, José Bono, decía en una entrevista que Garzón es «el juez que más ha trabajado contra el terrorismo» y «no merece» sentarse en el banquillo. Un día antes, el secretario de Estado Gaspar Zarrías había participado en un homenaje al magistrado en Jaén. Asistimos así a una interferencia, más o menos sutil, en unos procedimientos judiciales abiertos.
Hasta ahora sabíamos que el Gobierno tenía al menos un motivo de peso para proteger a Garzón: dado que él instruye el caso del chivatazo a ETA, posee información exhaustiva de cómo se gestó y quiénes lo ordenaron. Es muy probable que el juez disponga de datos que comprometen a altos cargos de Interior y, si se sintiera abandonado, no tendría razones para mantenerlos en piezas separadas bajo secreto de sumario. Pero hoy, además, tenemos el argumento esencial que explica ese apoyo a Garzón: el magistrado colaboró, desde la Audiencia Nacional, en la estrategia de negociación del Gobierno con ETA tomando decisiones que permitían al Ejecutivo prometer a la banda impunidad para su entorno.
En efecto, durante el proceso de paz, Garzón rechazó la imputación de destacados dirigentes radicales afirmando en un auto que la denominada izquierda abertzale «es un movimiento más amplio que Batasuna», y que en ese ámbito hay organizaciones «que no están instrumentadas» por la banda. Para llegar a esa conclusión se apoyaba en un informe de la Policía que indicaba que partidos como ANV o PCTV no pertenecían a la «estructura» de ETA. Se da la circunstancia de que ese informe policial, de apenas una docena de folios, contradecía otros más exhaustivos elaborados por la Guardia Civil.
Los hechos abonan la hipótesis de que Rubalcaba, Garzón y Gómez Benítez se coordinaron para favorecer avances en el diálogo con los terroristas poniendo la Justicia a su servicio: el abogado prometía a ETA manga ancha, asegurando que no se ilegalizarían ni ANV ni el PCTV; el ministro habría solicitado a la Policía informes que dijeran lo que en ese momento convenía de cara a la negociación y el juez remataba la faena esgrimiendo esos datos para justificar su decisión de no actuar contra el entramado de ETA. El resultado está a la vista: poco después de que Gómez Benítez confesara a los etarras que lo probable es que el PCTV no fuera considerado «continuación de Batasuna», Garzón afirmaba en un auto que ese partido no estaba entre las estructuras «instrumentadas» por la banda.
Todo indica que Garzón utilizó la Justicia como una herramienta más al servicio del proceso de paz. Apretaba las tuercas o daba oxígeno a ETA en función de los intereses del Gobierno. Eso explica el cierre de filas del Ejecutivo. Pero si ya es lamentable per se esa connivencia, resulta particularmente repudiable que la adhesión del Gobierno a Garzón se produzca sólo 24 horas después de que éste se presentara como la víctima de una «cruel campaña» en la que englobaba a parte del CGPJ, al PP y a EL MUNDO. Sin embargo, la única víctima aquí ha sido el Estado de Derecho

epsimo y el MUNDO___________________________