Igual-da y qué más da despilfarra 1,4 millones en un ensayo para reeducar a maltratadores

Igualdad reparte 1,4 millones en un ensayo para reeducar a maltratadores
País Vasco pondrá sólo 5.000 euros pero el Gobierno le financiará con más de 223.000

El Ministerio de Igualdad ha distribuido casi 1,4 millones de euros entre ocho comunidades autónomas para financiar un programa piloto que tiene como fin rehabilitar o «reeducar» a hombres condenados por violencia de género que cumplen medidas penales alternativas a la prisión. Siete de esas comunidades beneficiadas, todas excepto Galicia, están gobernadas en solitario o en coalición por el PSOE, mientras que otras como la Comunidad Valenciana sostienen que no pudieron optar al dinero porque se les exigió presentar la justificación económica con sólo un par de semanas de antelación.
«Se nos avisó a finales de noviembre y había que tener lista la memoria antes de que acabara diciembre», señalaron a ABC fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no se tiene noticia de ninguna partida económica del Ministerio para este proyecto.
Convenios individuales
El dinero llegará en forma de convenio de colaboración entre el Ministerio y las consejerías competentes en cada una de las comunidades autónomas beneficiarias: Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares y País Vasco. Todos se firmaron entre el 14 y el 23 de diciembre, aunque fueron publicados ayer en el BOE.
El fin del proyecto piloto es el mismo: que las intervenciones con los maltratadores se unifiquen para acabar con la situación actual de absoluto descontrol. Sin embargo, las cuantías económicas que se han destinado en cada caso se alejan de cualquier criterio homogéneo e, independientemente, de a cuántos hombres estén destinados los programas, evidencian la escasa confianza depositada en ellos por algunas regiones.
El caso del País Vasco resulta cuanto menos llamativo. Mientras Igualdad aporta al proyecto 223.400 euros, el Ejecutivo de Patxi López a través de su Departamento de Justicia e Interior cofinanciará con sólo 5.000 euros. A Baleares se le han asignado 120.000 euros por parte del equipo de Bibiana Aído, pero su Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración aportará 3.000. Casi ridículas resultan las partidas económicas de Extremadura y Cantabria, puesto que la primera pondrá la suma de 2.000 euros y el Gobierno de Miguel Ángel Revilla dedicará 1.000 euros al programa.
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ya anunció en agosto que Igualdad contaba con dos millones de euros para estos programas piloto que enseñen a los que pegan a no hacerlo y explicó que estarían listos antes de fin de año con criterios «más científicos y técnicos».
Estos cursos que ahora financia el Ministerio «más austero de la historia», tal y como lo calificó Zapatero el sábado, no afectan a los que se imparten desde hace más de cuatro años a los condenados por violencia de género en las cárceles. Estos últimos están dentro de las partidas de Instituciones Penitenciarias, dado que es a Interior a quien corresponde por ley coordinar los programas de intervención con maltratadores, tanto para encarcelados, como a los que están en centro abierto o sometidos a una pena o medida alternativa.
De hecho, en los convenios firmados con las comunidades se especifica que Igualdad informará a Interior de todas las actividades y tendrá en cuenta todas sus «observaciones e indicaciones».
Logotipo LA oído
La necesidad de los cursos es, no obstante, imperiosa. Se trata de uno de los incumplimientos sistemáticos de la ley de Violencia de Género. Pese a que deberían haber empezado en 2005 sólo algunas comunidades los han puesto en marcha: País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía. Ni había medios ni voluntad, de ahí que se haya recurrido a convenios con ONG para las terapias. Desde el CGPJ se ha venido reiterando que la demora creaba una sensación de impunidad entre los maltratadores. El proyecto piloto puede cambiarlo. Eso sí, obligatoriamente llevará el sello de Aído. El convenio obliga a incluir el logotipo ministerial en cualquier publicidad.

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