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EL DATO consta en un acta de ETA y tiene una enorme trascendencia. Fue el hoy vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez quien, como negociador del Gobierno, confió a los terroristas que el chivatazo que evitó la operación contra la red de extorsión de la banda era la prueba de la voluntad de avanzar en el diálogo. Esta nueva información de EL MUNDO permite a la Justicia tirar de un hilo más para poder llegar al ovillo de la verdad de lo que ocurrió. No es baladí tampoco la posición en la que el documento deja a Gómez Benítez, identificado por ETA como el interlocutor «número 4». A la luz de esta información, la pregunta surge sola: cuando el PSOE le aupó al CGPJ, ¿le estaba premiando por unos servicios tan obscenos? Pero además, dice muy poco en favor de un miembro del Poder Judicial -que como tal debe ser garante del Estado de Derecho-, que haya podido esgrimir como mérito del Gobierno de su país la comisión de un delito. Los papeles de ETA le ponen en una situación tan embarazosa que lo lógico es que diera explicaciones públicas de su comportamiento.
Ya dijimos ayer que no se nos ocurre razón alguna por la que ETA tuviera interés en elaborar unas actas falsas. Los documentos de la banda sobre el contenido de la negociación con el Gobierno que han sido incautadas por la Justicia francesa reflejan a la perfección el clima que se vivía entonces, y es en uno de estos escritos en el que se atribuye a Gómez Benítez la frase clave: «Os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de Seguridad del PSOE». El documento aporta incluso la fecha exacta de la entrevista.
En cualquier caso, debería ser ahora la Justicia la que determinara la veracidad de lo que consta en el escrito de ETA y tratara de averiguar, a partir de ahí, cuál ha sido el papel de cada cual en el chivatazo. Para ello, el primer paso tendría que ser reclamar las actas a la juez Levert -como ayer solicitó el PP- y llamar a declarar como testigo a Gómez Benítez. Es evidente que el hecho de que éste notificara a ETA que se había cometido un delito, no le hace necesariamente partícipe del mismo. Y es sabido también que reunirse con ETA, tal y como ha determinado el Supremo, tampoco es en sí mismo delictivo. Pero no hay que descartar que pudiera aplicársele el tipo penal del encubrimiento. Dado que es Garzón quien instruye el caso del chivatazo, lo razonable sería que se inhibiera en favor de otro magistrado. Como es sabido, Garzón y Gómez Benítez son grandes amigos y han mantenido una relación profesional. Tan es así que cuando a la Comisión Disciplinaria del CGPJ han llegado asuntos que implicaban al magistrado, Gómez Benítez se ha abstenido. Sin embargo, cualquiera que conozca mínimamente a Garzón sabe que no se apartará del caso, entre otras razones porque puede serle de utilidad en la situación complicada en la que se encuentra. El juez estrella podría tratar de utilizar este asunto como moneda de cambio para protegerse de las consecuencias que pudieran derivarse del asunto de los cursos de Nueva York, de las fosas de la Guerra Civil y de las escuchas a los abogados de Gürtel.
Por otra parte, es sintomático el silencio del Gobierno ante una revelación muy comprometedora que vendría a confirmar que el chivatazo se gestionó al más alto nivel político. Más aún por cuanto la escena que dibujan las actas de ETA es bochornosa para el Ejecutivo. En ellas, mientras los negociadores del Gobierno exhiben como mérito la interrupción de una operación antiterrorista, perdonan el robo de 200 armas en el sur de Francia, advirtiendo que, como haya otro, «se acabó» la negociación.
El PP, que está personado en la causa, está dispuesto a llegar hasta el final. Cospedal acusó ayer al Gobierno de haber hecho en su día «una apuesta a favor de los terrioristas» y Sáenz de Santamaría anunció nuevas iniciativas parlamentarias para tratar de arrojar luz sobre este asunto
LUCHA ANTITERRORISTA / Las claves de la negociación con ETA
Gómez Benítez fue quien dijo a ETA que el chivatazo avalaba al Gobierno
El abogado y amigo de Garzón -hoy miembro del Poder Judicial- aparece identificado como 'número 4' en el acta de la reunión del 27 de octubre de 2006 en la que esgrimió ante ETA lo ocurrido en el bar Faisán / El PP requerirá al juzgado que incorpore el documento al sumario y verifique su contenido
ÁNGELES ESCRIVÁ 
Madrid El «número 4» de los negociadores del Gobierno, el último de los representantes del Ejecutivo en incorporarse a las negociaciones con ETA, consta en las actas redactadas por la banda como el responsable por parte del Estado de las conversaciones del 27 de octubre de 2006 en las que salió a colación el caso del bar Faisán o del chivatazo. El «4» correspondería, en la numeración dispuesta por ETA para referirse a los interlocutores de cada parte, a la cifra asignada a José Manuel Gómez Benítez, según la documentación incautada en Francia a los terroristas y que obra en poder de la juez Laurence Levert.
En aquellos momentos, Gómez Benítez era un abogado muy vinculado al PSOE, que guardaba una estrecha relación con el juez Baltasar Garzón y que fue designado después vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de este partido.
Las actas redactadas ese día por una de las partes interesadas indican que Gómez Benítez fue, al parecer, el único representante del Gobierno en esa reunión y que, a su vez, sólo tenía como interlocutor a otro etarra designado con el «número 2» entre los suyos.
Se trataba, por tanto, de un encuentro de carácter reducido en el que se hace mención a otro de los representantes del Gobierno, el «número 1», sólo al final y para poner en su boca una advertencia a la banda terrorista.
En esos momentos, el hoy vocal del CGPJ apenas llevaba un mes en la negociación a la que se había incorporado el día 26 de septiembre.
La reunión del 27 de octubre se desarrolló en un contexto de evidente tensión en el ámbito del proceso establecido con la banda terrorista. A mediados de agosto, los dirigentes de ETA habían advertido en un comunicado que el procedimiento se encontraba en «crisis» por el incumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno. Es en esas circunstancias cuando se incorpora el abogado, catedrático de Derecho, a las conversaciones con la misión de reforzar al equipo encargado de buscar una solución a los problemas -también jurídicos- que planteaba una coyuntura tan delicada. En su segunda reunión, por tanto, el etarra que tiene enfrente como interlocutor insiste en presionar con un tema recurrente a lo largo de todos los encuentros habidos prácticamente desde el mes de junio: se queja de que se siguen produciendo detenciones, nombra la operación contra el bar Faisán, que se cobró detenciones en el País Vasco y en Francia, y duda de que esas detenciones fueran iniciativa únicamente del juez Grande-Marlaska, que las había ordenado.
Según este terrorista, el Gobierno está detrás de estos arrestos. Es en ese momento cuando el negociador del Ejecutivo, al que se ha asignado el 4 como número de identificación con la intención de mostrar el compromiso del Gobierno con el proceso de negociación, manifiesta que «en relación a la operación llevada por Marlaska os diré que, por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de Seguridad del PSOE».
Hay otro elemento que contribuye a intensificar la acritud del momento y es el hecho de que pocos días antes, el 24 de octubre, varios miembros de ETA habían planeado y ejecutado el robo de 200 armas en Vauvert en lo que constituyó uno de los gestos de ruptura de compromisos y uno de los gestos de desafío más flagrantes del proceso de negociación hasta esos momentos. Ese sería un asunto de discusión recurrente en ese encuentro y en todos los que se produjeron con posterioridad. El enfado que los interlocutores del Gobierno demostraron tener por este asunto fue monumental y, en muchas ocasiones, fue uno de los temas empleados para contrarrestar las acusaciones de incumplimiento que realizaban los etarras.
Ese día, siempre según los documentos incautados a ETA, consta un mensaje que habría sido trasmitido por el abogado a los enviados de la banda y que se atribuye al designado como «número 1» del equipo gubernamental: «Ha dicho que como haya otro, se acabó», es la advertencia que viene a reproducirse en la conversación.
Las actas revelan varios datos desconocidos hasta el momento. Uno de singular relevancia sería que, en los papeles introductorios a las actas, hay cuatro números asignados por ETA -y siempre los mismos- a otros tantos interlocutores representantes del Ejecutivo, un sistema de identificación del que cabría deducir que, además del fiscal Javier Moscoso; el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y del propio Gómez Benítez, pudo haber un cuarto hombre cuya identidad no ha trascendido hasta el momento. También revelan que en las reuniones no siempre estaban todos los asignados para la negociación, sino que había encuentros reducidos y otros de mayor relevancia, a los que acuden todos o casi todos los enviados por el Ejecutivo y por la dirección de la banda.
El abogado y catedrático José Manuel Gómez Benítez se incorporó a las negociaciones por múltiples motivos. Era hombre de confianza del PSOE, guardaba estrecha relación con el juez Baltasar Garzón -el magistrado que investiga el caso del chivatazo-, quien, en el periodo en el que se desarrolló el proceso, mostró una gran sintonía con la estrategia del Ejecutivo y que después respaldaría la llegada de su amigo al Consejo.
Y Gómez Benítez tenía, además, el aval del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que quería un asesor de su entera confianza en los encuentros.
De hecho, el abogado participó en el proceso después de que otro de los intervinientes le hiciera llegar una carta de Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, al presidente del Gobierno directamente, sin que, como solía ser habitual, tuviera conocimiento de su existencia el titular de Interior.
Especial: ELMUNDO.es ETA, treguas y negociaciones
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